DESORDEN EN EL GOBIERNO

Estamos viviendo unas últimas semanas de crítica constante y unánime al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque el tono general sea crítico, los motivos o intenciones no son evidentemente los mismos. En el mismo saco de la protesta parece mezclarse sindicatos, IU, PP o el propio PSOE. Pero no todos quieren decirle lo mismo al Presidente “ni con el mismo talante”.

Quienes lo queremos bien y deseamos que el Gobierno socialista siga al frente, no por cuestión partidista, sino por convicción profunda, nos sentimos hondamente preocupados porque no sabemos si el Presidente tiene todavía la capacidad de escuchar o “el efecto Moncloa” (que absorbe enormes horas de trabajo y aísla prematuramente) sobrevuela por sus hombros.

En primer lugar, es evidente y “vox populi” que la política de comunicación del gobierno es “manifiestamente mejorable” (término políticamente correcto). Tiene una capacidad increíble para dar las malas noticias aún antes de que se produzcan creando alarma social innecesaria (véase temas de impuestos o ahora las pensiones). Y, en cambio, la sociedad española sigue desconocedora de los grandes beneficios sociales que durante estas legislaturas se han puesto en marcha (desde la dependencia hasta las becas de estudio o las ayudas). El Plan E ha levantado pueblos y municipios con una increíble inversión de obra pública; pero los municipios y Comunidades gobernadas por el PP pervierten el objetivo de este plan (se utiliza para gasto corriente, se oculta que es del gobierno, se “salta” la norma de crear empleo).

En segundo lugar, muchos analistas advierten a Zapatero del “presidencialismo” que impone en su gobierno. ¿Dónde están y quiénes son los ministros?, nos preguntamos en más de una ocasión. Personas de una extraordinaria valía que quedan diluidos por la omnipresencia de José Luis para lo bueno y para lo malo. Parece que ya no existen los “ministros políticos”, de la batalla mediática, de los debates parlamentarios (y eso que tiene entre sus filas “políticos de raza” que parece que juegan de suplentes); su apuesta siempre fue más de “técnicos” brillantes pero principiantes en el ejercicio político.

En tercer lugar, Zapatero no es responsable de la crisis económica, pero la evidente sensación es de “desconcierto” en su salida. No es una situación fácil, pero si requiere medidas impopulares, antes debe explicarlas. Los partidos políticos no funcionan igual (aunque exista una fuerte jerarquía orgánica). La militancia del PP es absolutamente disciplinada, dispuesta a tragar “con ruedas de molino”, incapaces de recoger firmas para expedientar a un personaje como Don Carlos Fabra (por poner de ejemplo), o criticar los insultos de Esperanza, o pedir responsabilidades sobre los “privilegios” del tesorero Bárcenas. Pero la militancia del PSOE tiene que entender para defender: y más en cuestiones de derechos básicos como la edad de la jubilación o las pensiones. Aquí, en nuestra casa, no sirve dar el mensaje y luego buscar cómo explicarlo. Y eso que Zapatero no debe tener ninguna queja de hasta dónde llega la lealtad de sus compañeros. Pero, mire usted, la mayoría aún estamos bloqueados o anonadados esperando ver cuál es la siguiente reacción del Presidente.

Me sumo a la reflexión y la advertencia por una razón fundamental que me parece peligrosa: el PP está frotándose las manos pensando que dentro de poco llegarán al poder. Algo de absoluta normalidad democrática si no fuera porque el PP no ha hecho sus deberes previos para gobernar España.

Rajoy sigue siendo un líder del pasado, de anteriores gobiernos, arrastrando penas y pecados. Desaparecido la mayor parte del tiempo porque sus apariciones desgastan la opción del partido (¡menudo líder!). Incapaz de haber solucionado los mayores temas de corrupción que se han vivido nunca: ¿qué pasará con Jaime Matas? ¿Por qué sigue protegiendo al tesorero? ¿Qué ocurrirá con Camps cuando se conozca finalmente el sumario? Y el broche estrella lo pone la Presidenta de la Comunidad de Madrid que me deja sin palabras y que lo único “dulce” que hay en su vida son las mordaces críticas de Wyoming.

El problema de estos casos de corrupción es que no son aislados sino que responde a una época concreta y una forma concreta de gobernar. Los años felices, los nuevos ricos, el urbanismo salvaje, los endeudamientos enloquecidos, las amistades peligrosas responden al modelo económico de “todo por el urbanismo” que el PP puso en marcha. Y cada vez que abren la boca es para reivindicar aquella época que hoy trae estos lodazales. ¿Con qué política económica piensa actuar Rajoy?

Un líder que no sabe, no contesta. Juegan al Pacto Educativo pero en sus Comunidades ponen el pie asfixiando a padres, profesores, directores, alumnos, desmantelando toda posible participación o lógica de la educación (véase Madrid o Valencia). Defienden las nucleares pero luego, de forma oportunista y demagógica, se enzarzan en su contra. Se ponen a pescar votos con peligrosos debates sobre la inmigración que, en lugar de llamar a la tranquilidad y al sentido común, procuran exacerbar sentimientos y nacionalidades. Y, aunque no venga a cuento, hablaremos de la Pena de Muerte, con carácter “revisable” (¿otro juego de palabras?). Las Comunidades donde gobiernan son un claro ejemplo de cuál es la política del PP. Véase Valencia, por ejemplo: en el furgón de cola de los derechos básicos (educación, sanidad, dependencia); con una deuda galopante; con una quiebra técnica de la Generalidad que impide pagar a empresas, personas, ayuntamientos, nóminas o las simples becas de comedor de los colegios; con oscurantismo, soberbia, prepotencia e irregularidades; en el barro del caso Gürtel; con casos de corrupción por culpa del urbanismo destapándose en multitud de municipios; y con un Presidente más noqueado que un boxeador en un combate. Entre Esperanza con su estilo malévolo de entender la vida y la política, y el fraude que ha supuesto Camps, Rajoy se mueve en la incertidumbre esperando que el temporal escampe.

La demagogia, la simpleza, el oportunismo, la negación, la deslealtad se han convertido en línea de trabajo del principal partido de la oposición, cuyo único objetivo a corto plazo es esperar agazapados a ver si Zapatero tropieza una vez más.

¡Presidente, reacciona!

Ana Noguera para Sistemas

RESPONDER A LA EXTORSIÓN

Los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos provocaron una crisis gigantesca. Para poder ganar más dinero influyeron de mil modos sobre los gobiernos y consiguieron que éstos y los bancos centrales cambiaran las normas legales e hicieran la vista gorda ante la acumulación ingente de riesgo que soportaban para ampliar sin cesar sus beneficios. Impusieron un modo de producir y de repartir desequilibrado e irracional, alimentando una burbuja detrás de otra. Y terminaron por quebrar y descapitalizarse. Obligaron entonces a que los gobiernos intervinieran y pusieran a su disposición billones de euros. Gobiernos, como el español, que hasta entonces incluso habían tenido superávit presupuestarios tuvieron que endeudarse. Los financieros y los bancos, con el apoyo de las agencias de rating que trabajaban para ellos, suscribieron esa deuda en gran parte con el dinero que los propios gobiernos y bancos centrales les daban para salvarlos de la quiebra y para lograr que así refluyera el crédito, cuya carencia había provocado la paralización de la actividad económica, el cierre de miles de negocios y el desempleo. Pero a los financieros, a los bancos y a las agencias de rating que trabajan para ellos solo les importa recuperar sus inversiones al coste social que sea y con la mayor seguridad y rapidez posible, así que no utilizaron esos recursos para ello sino para ganar enseguida más dinero. Se dispusieron entonces a presionar a los gobiernos y a los bancos centrales para que estos actúen con el único fin de que sus inversiones en la deuda estén seguras y puedan recuperarlas lo más pronto posible sin tener que cargar con el coste de la crisis que ellos mismos habían provocado. Y como llevan haciendo todo esto desde hace mucho tiempo tienen ya el poder suficiente como para conseguir que esa sea, efectivamente, la secuencia de los hechos una vez y otra. Si el gobierno va por otro lado las presiones se desatan. Si hace lo que les conviene, la patronal o algún gran banquero le concederá algún momento de respiro. Ésta es la historia y parece que el presidente Rodríguez Zapatero lo ha podido comprobar directa y personalmente en su inoportuna visita a la Cumbre de Davos. Hablemos claro: los financieros, los bancos y las agencias de rating que trabajan para ellos están extorsionando al gobierno de España. Lo están llevando al terreno que ellos quieren y al que les conviene: el de la improvisación, el de la renuncia a sus propuestas anteriores y a sus compromisos electorales, al que lo separa de sus socios naturales y de su base electoral, el que lo llena de contradicciones y lo deja, no hay más que verlo, como un boxeador inexperto bamboleándose de un lado a otro de la lona.

Lo que buscan es derrotarlo fuera de las urnas haciéndole que quede a la deriva y que salten por los aires sus alianzas con los sindicatos y con el electorado para poder imponerle así políticas que saben que nunca podrían aplicarse si se tuvieran que decidir mediante una confrontación electoral democrática.

Los ciudadanos deben saber que los financieros, los bancos y la gran patronal, con la ayuda de los economistas liberales y de los organismos financieros que trabajan para ellos, no le están imponiendo al gobierno de España la salida a la crisis, como todos ellos dicen, sino la respuesta a la crisis que mantiene sus privilegios, que garantiza que puedan seguir teniendo cantidades ya inmorales de beneficio y que deja que las cosas sigan como siempre han estado. Pero esa es justamente la salida de la crisis que volvería a provocarla de nuevo.

Es sencillamente falso que para crear empleo, como dicen la patronal y los economistas liberales, haya que actuar solamente en los mercados de trabajo. Sin perjuicio de que haya que procurar que haya un marco adecuado de relaciones laborales (que no puede ser simplemente el que da todo el poder a los empleadores) lo que hay que procurar para ello es recuperar la demanda y los mercados de bienes y servicios. ¿De qué les va a servir a los empresarios que los salarios sean más bajos si luego no disponen de mercados con demanda efectiva suficiente donde puedan vender las mercancías que producen? ¿O es que quieren que España se limite a competir a la baja convertida en una economía barata al servicio del capital extranjero?

Por eso, reducir los derechos sociales, precarizar aún más el empleo, disminuir los salarios, renunciar al gasto público y social que se precisa para apoyar un modelo productivo que consolide a la economía española y a una fiscalidad más justa y que generase otro tipo de incentivos a los sujetos económicos, solo dará lugar a que los más ricos lo sean cada vez más y a que la economía española se consolide como una economía de segunda, desvertebrada, dependiente y simplemente especializada en proporcionar bienes y servicios de baja calidad. Pero así nunca se podrá conseguir que la economía española despegue y se modernice definitivamente, que disponga de un mercado interior más potente (algo que en realidad no le importa a los Adolfo Domínguez y compañía que tienen a su disposición mano de obra siempre más barata y mercados selectos en cualquier otra parte del mundo), que se reindustrialice, que genere empleo de calidad y renta suficientes para todos y que no tenga que dedicarse a actividades que destrozan nuestro medio natural e hipotecan el bienestar de las generaciones futuras. Esa no es una verdadera salida de la crisis.

La situación a la que ha llegado el gobierno es difícil, sobre todo, cuando se encuentra además con las restricciones que impone nuestra presencia en la Unión Europea. Ha renunciado a tener un proyecto económico propio al convertir al partido que lo sostiene en una claque en lugar de servirse de su organización como fuente de pensamiento y de propuestas alternativas. Y ha puesto el diseño y la ejecución de la política económica en manos de personas que explícitamente defienden y proponen las medidas que reclaman la patronal empresarial y bancaria. Así, y cediendo a la extorsión de los mercados, será muy difícil que cuente con el apoyo de los sindicatos y perderá lentamente el de todos los ciudadanos hasta el punto en que la situación puede llegar a ser insostenible.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero necesita el apoyo de los ciudadanos que no queremos una España de resabios franquistas, incapaz de convivir plenamente con las libertades civiles y controlada por los mismos grupos oligárquicos de siempre. Pero no es lógico que reclame ese apoyo gratuitamente y mientras pone en marcha políticas que en realidad solo benefician a estos grupos.

En una situación tan delicada como la actual, sería necesario que los ciudadanos supieran quién ha provocado de verdad la crisis y por qué, quién ha puesto las bases para convertir a la economía española en un espacio productivo tan débil y vulnerable y por qué, y qué se logra de verdad con unas medidas políticas o con otras. Con la fuerza de su propio partido, de otros que sin duda podrían y deberían apoyarle en ese camino, de los sindicatos y del más directo de los propios ciudadanos, el Gobierno podría estar entonces en condiciones de proponer un equilibrio diferente a la sociedad española, un pacto de rentas frente a una situación excepcional, y tratar así de hacer frente de otra forma a las dificultades derivadas de la actual conformación y equilibrio de poderes en la Unión Europea, algo que nos está resultando muy desfavorable por su propia naturaleza y por nuestra falta de proyecto propio.

Hace unos meses escribía Nicolás Sartorius que lo que se necesita es “modificar la dirección de la historia de España en términos económicos” y que ello “exige un nuevo contrato y unas nuevas reglas. Un contrato donde se especifique lo que cada parte debe aportar -y no realidades frente a promesas- y nuevas reglas que impidan, en lo posible, que se repita dentro de un tiempo el mismo desastre, acrecentado”. (EL PAÍS, 28 de octubre de 2009).

En un esfuerzo de ese tipo, que naturalmente ni sería fácil ni tampoco apoyado gratuitamente por nadie, el gobierno de Rodríguez Zapatero podría encontrar un nuevo y decisivo impulso. Si no lo hace, es fácil adivinar lo que va a ocurrir.

Juan Torres para Sistemas

TENDENCIAS EN ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

La población mayor de 65 años representa en España, en estos momentos, el 16,7% del total (7.780.764 de personas). Las previsiones demográficas del INE anticipan que en cuarenta años se duplicará esta cifra y alcanzará al 32% de la población total. Nuestro país es uno de los países del mundo con la esperanza media de vida más elevada, setenta y ocho años en los varones y ochenta y cuatro en las mujeres, según el informe “Panorama de la salud 2009” publicado recientemente por la OCDE (las proyecciones de futuro apuntan que en el año 2049 los varones vivirán una media de ochenta y cinco años y las mujeres noventa).

Además, cada vez es más habitual encontrar a personas mayores que han sobrepasado el límite de los ochenta años (2.213.955 de personas actualmente), que son autónomas y que siguen desempeñando tareas profesionales y/o colaboran con entidades sociales (una dimensión nueva de participación en las sociedades posmodernas). Ancianos que no aceptan un rol más tradicional y salen de sus casas, se integran activamente en la sociedad, cultivan su ocio, y recuperan su experiencia y conocimientos.

Dos casos recientes que hicieron aflorar esta faz de la vejez han sido el nombramiento el pasado mes de noviembre de Alberto Oliart, de 81 años, como Presidente de RTVE, y la posibilidad de disfrutar de la sensibilidad del gran director de orquesta Georges Prêtre, de 95 años que, por segundo año consecutivo, dirigió a la Orquesta Filarmónica de Viena en el pasado concierto de año nuevo.

La vejez ya no es asociada en exclusividad a la decrepitud o a la tristeza que conlleva el final de la vida (la propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años camina en esta dirección). La celebre frase del modisto español, Adolfo Domínguez. “la arruga es bella” puso en valor, hace varias décadas, la importancia, la estética y el componente artístico de lo que no es aparentemente perfecto. No obstante, como consecuencia de vivir en tiempos de apariencias, hay quienes utilizan las técnicas más punteras para retocar o literalmente “planchar” sus rostros.

La senectud, en cualquier caso, conlleva deterioros cognitivos y físicos, a los que nadie puede sustraerse. Casos llamativos de fortaleza han sido, porque posiblemente se trata de personajes de relevancia, la extraordinaria vitalidad en su vejez de Pablo Picasso, o del polifacético actor Anthony Quinn. Fueron longevos y se mantuvieron productivos hasta el final de sus vidas. Ambos, en su etapa eufemísticamente denominada “tercera edad”, llegaron a tener hijos y sobresalieron por su energía. Quizá sean excepciones, aunque seguramente todos conocemos a ancianos de tal vigor y debemos hacernos a la idea que este perfil será cada vez más habitual.

Sin embargo, a vejez, tiene una cara más oscura, que se perfila con claridad en los ancianos que pierden la salud y hasta sus recuerdos. Estamos acostumbrados a ver pequeñas furgonetas con personas de edad que, a primera hora de la mañana, son trasladadas desde sus hogares a lugares profesionalizados donde se les atiende. La función de cuidar de los ancianos sigue siendo asumida mayoritariamente por las familias (en particular por las mujeres), aunque como consecuencia de su progresiva incorporación al trabajo extradoméstico, ha sido necesario articular recursos de atención especializados para nuestros mayores. Asimismo, se ha producido una transnacionalización de los cuidados dentro de la familia, al menos en las mejor situadas socialmente, de forma que mujeres y hombres procedentes de otras zonas geográficas del mundo (fundamentalmente latinoamericanos) les atienden y acompañan en su soledad.

Finalmente, la realidad más dura de la longevidad se puede ver en algunas secciones de residencias para la “tercera edad”. Los que allí viven representan la senilidad en toda su crudeza.

La atención y bienestar de las personas que se encuentran en la tercera, cuarta y hasta quinta edad (de seguir las tendencias actuales) son retos de nuestra sociedad. Se han dado pasos positivos. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia es prueba evidente de ello (a pesar de algunas carencias). También los recursos de atención que han ido formalizándose para esta población desde las diversas Administraciones… Pero todavía queda mucho por hacer. Sería necesario un acceso universal al cuidado en la vejez, como derecho de ciudadanía, y para ello debería priorizarse como objetivo político, no aceptando, sin matices, la reflexión de García Márquez cuando señalaba que “el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”.

Hilde Sánchez Morales para Sistema

LOS ERRORES DEL DETERMINISMO DEMOGRÁFICO: EL CASO DE LAS PENSIONES

En el debate que se ha generado en España, a partir de las propuestas hechas por el gobierno español para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas, se están utilizando argumentos (por parte de aquellos que cuestionan la viabilidad del sistemas actual de reparto) que deben ser cuestionados, pues responden más a criterios ideológicos que científicos. Tales argumentos, por cierto, se reproducen no sólo en círculos liberales sino también en algunos forums de centroizquierda y, en ocasiones, de izquierda.

Uno de ellos es que la transición demográfica, con un número creciente de ancianos por una parte, y un número decreciente de gente joven por otra, hace inviable el sistema de pensiones. Tal argumento ignora, sin embargo, que en los sistemas de reparto el dato más importante para analizar su viabilidad no es ancianos versus jóvenes, sino beneficiarios (es decir, pensionistas) versus cotizantes a la Seguridad Social. Esta observación se les escapa a aquellos que constantemente atribuyen a la transición demográfica la “crisis” de las pensiones. En un país, como el nuestro, donde el paro ha sido históricamente muy elevado (actualmente un 18.94% de la población activa) y donde el porcentaje de la mujer incorporada al mercado de trabajo es todavía bajo (54%), sorprende que se diga que el problema radica (o radicará) en la escasez de personas que pueden trabajar. Si a las personas en paro, así como a las que trabajan a tiempo parcial y que desearían trabajar a tiempo completo, sumamos las mujeres que estarían en el mercado de trabajo en caso que su participación en tal mercado fuera semejante a la de las mujeres suecas (un 87%), tendríamos cerca de 10 millones de trabajadores (y cotizantes a la seguridad social) más. No hay, ni ahora ni en el futuro, un déficit de personas en España que puedan trabajar. Y que deberían trabajar, pues es lo que desean.

Otro argumento que utilizan los que recurren al argumento demográfico, para apoyar sus tesis de insostenibilidad de las pensiones, es que el número de trabajadores cotizantes por pensionistas está disminuyendo y ello creará un problema. El informe del Gobierno sobre las pensiones utiliza este argumento para apoyar su recomendación de que se retrase la edad de jubilación, de 65 a 67 años. Los trabajadores cotizantes –dice el informe- no podrán sostener a los pensionistas cuyo número casi se doblará en treinta años. Tal informe introduce sus recomendaciones con un cuadro en el que se muestra como el número de pensionistas aumentará de 8 millones en 2010, a 15 millones en 2040, concluyéndose que tenemos un problema grave pues el número decreciente de cotizantes por pensionista hace inviable la continuación de esta situación, a no ser que se reduzcan considerablemente los beneficios. Este argumento se ha convertido en un dogma. Y como dogma se reproduce a base de fe (e ideología) en lugar de evidencia empírica.

Como describí en mi artículo en PÚBLICO (“Una vez más, las pensiones”, 04.02.10) este argumento es semejante al que hicieron los alarmistas malthusianos al ver el descenso de la población que trabajaba en agricultura. Decían tales autores que el descenso de la población que trabajaba en el campo conduciría a un descenso de la producción de alimentos y al hambre de la población. Pues bien, el porcentaje de la población en España que trabajaba en la agricultura ha pasado de ser un 30% en 1970, a un 4% en 2008 y no hay escasez de alimentos. En realidad el crecimiento de la productividad en agricultura ha sido tal que un trabajador en el campo hace el mismo trabajo que antes hacían veinte trabajadores.

Las tesis que indican que la reducción del número de trabajadores hace peligrar la viabilidad del sistema de pensiones ignoran el enorme crecimiento de la productividad y por lo tanto de los salarios y de sus contribuciones, bien sean como impuestos, bien sean como cotizaciones sociales. Permítanme que repita lo que escribí en otro texto “Las pensiones son viables”, Julio-Agosto 2009, a raíz del documento escrito por el Banco de España y la Comisión Europea (ambos de clara orientación liberal) que alertaban que en el año 2060, España se gastaría el 15.1% del PIB en pensiones un porcentaje –decía el informe- alarmante. Cito de nuevo mi respuesta: “Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español en 2060 será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado (En estos datos, por cierto, se ha incluido ya el impacto de la inflación).”

Cuando el informe del gobierno español indica que la población pensionista casi se doblará en treinta años, se está ignorando que en treinta años el PIB de España será varias veces superior (mucho más del doble) del existente ahora.

LONGEVIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y ESPERANZA PROMEDIO DE VIDA DE UNA POBLACIÓN SON DOS CONCEPTOS DISTINTOS

Otro argumento que se utiliza por parte de los deterministas demográficos es que la esperanza de vida está aumentando cuatro años cada veinticinco, con lo cual la extensión del periodo de las pensiones hará insostenible el sistema. Tal afirmación es consecuencia de un desconocimiento de lo que es y cómo se calcula la esperanza de vida. El hecho de que la esperanza de vida promedio de la población española haya aumentado de 76 años a 80 en el periodo 1980-2005 no quiere decir (como erróneamente se asume) que un español promedio viva cuatro años más (ver explicación detallada en “Las Pensiones son viables” VIEJO TOPO, julio-agosto 2009), quiere decir que sumando los años de vida de todos los ciudadanos y residentes y dividiéndolo por el número de ciudadanos y residentes, el promedio de vida es cuatro años más en 2005 que en 1980. Pero ello se debe a que la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes, ha bajado mucho. Tal aumento promedio de años de vida no significa que, como asumen aquellos autores, los ancianos vivan cuatro años más. Ni que decir tiene que los ancianos viven más (2.6 años) que hace veinticinco años, pero no las cantidades que se utilizan.

El punto de mayor relevancia es que la longevidad (años de vida que cada persona tendrá) depende de la clase social del individuo. España es uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades. Existe un gradiente de longevidad entre nuestros ciudadanos dependiendo de su clase social. Una persona en el cinco por ciento de renta superior vive en España diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro (el promedio de la UE-15 es siete años). Es profundamente injusto que las clases populares (clases trabajadoras y clases medias), que viven menos años, tengan que trabajar dos años más para sostener las pensiones de las clases más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Esto es lo que en realidad se está proponiendo cuando se pide el retraso obligatorio de la jubilación.

REFORMAS NECESARIAS

Que las pensiones basadas en un sistema de reparto sea viable, no quiere decir que no debieran hacerse reformas, algunas de las cuales aparecen en el informe del gobierno, el cual tiene también propuestas que son aconsejables. Una de ellas es facilitar el retraso voluntario de la jubilación. La situación actual es excesivamente traumática para aquellos sectores de la población que gozan mientras trabajan (este grupo es una minoría), y que pasan de un 100% de actividad laboral a 0%, en cuestión de horas, a partir del día D, hora H en que se jubilan. Es un paso traumático e innecesario. Sectores amplios de la población anciana pueden ofrecer gran rendimiento y su exclusión del mercado de trabajo es, además de una enorme ineficiencia económica, una carga a la Seguridad Social, pues pasan de ser cotizantes a beneficiarios en un momento en que pueden (y desean) continuar siendo cotizantes. En EE.UU., la jubilación es un derecho, no una obligación. Por ley, como Catedrático Universitario, por ejemplo, nadie me puede jubilar de la Universidad, siempre y cuando produzca al nivel de expectativas que la Universidad exige a su profesorado

La jubilación debe ser, a partir de 65 años, voluntaria, garantizando un retiro digno. Y ahí está el segundo tema. Las pensiones en España tienen que mejorarse, no sólo las no-contributivas sino también las contributivas. El hecho de que representen un porcentaje elevado del salario en el momento de la jubilación no significa que las pensiones sean satisfactorias, pues el salario real promedio es muy bajo.

El tercer tipo de intervención es el aumento de las cotizaciones sociales, evitando las exclusiones que están ocurriendo en colectivos que ven reducidas sus contribuciones por encima de cierto nivel de salarios. También debieran eliminarse aquellas funciones que se han atribuido a la Seguridad Social que no le corresponden, tal como facilitar la reducción de las plantillas en las empresas, una situación que ha alcanzado unas dimensiones, a todas luces, exageradas.

El cuarto tipo de intervenciones son aquellas encaminadas a facilitar la producción de buen empleo, facilitando la educación y formación de los jóvenes (empezando ya con los infantes), para garantizar una mayor calidad de conocimientos, mayores capacidades resolutivas de la población y, por lo tanto, mayor productividad, mejores salarios y mayores cotizaciones sociales e impuestos. Ello requiere un mayor intervencionismo público en la educación, en la formación laboral y en la producción de empleo.

El quinto tipo de intervenciones incluye el desarrollo del cuarto pilar del bienestar que debiera incluir, como ya señalé en su día (“El cuarto pilar del bienestar”. PÚBLICO, 15.10.09), el derecho universal a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios a las personas con dependencias que ayuden a facilitar la integración de las mujeres al mercado de trabajo (cambiando a su vez los valores del varón para corresponsabilizarse en las tareas familiares).

El sexto tipo de intervenciones es el facilitar el mantenimiento del trabajador en edad de prejubilación en sus puestos de trabajo, ofreciendo ayudas públicas en formación y reciclaje profesional y mantenimiento de sus puestos de trabajo.

El séptimo es la reforma fiscal, haciéndola más progresista y eliminando el fraude fiscal, aumentando los recursos públicos que debieran absorber los costes de la jubilación de algunos colectivos, como los hoy beneficiarios de pensiones no contributivas. En este aspecto, las cotizaciones sociales debieran complementarse con fondos públicos, pues no hay nada escrito en ninguna Biblia económica que diga que las pensiones deban pagarse con cotizaciones sociales basadas en los mercados laborales. En otros países, como Dinamarca, la mayoría de fondos son públicos, procedentes de los impuestos generales.

Con estas reformas señaladas en este artículo, las pensiones están más que garantizadas en España.

Vicenç Navarro para Sistemas

capítulo 24 del Deuteronomio

“No explotaras al jornalero pobre y necesitado. Ya sea uno de tus compatriotas o un de los extranjeros que viven en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal antes de que se ponga el sol porque está necesitado y su vida depende de su vida”.

La Emigración Española de la Posguerra

Cultura i Socialisme quiere invitar a tod@s a la Conferencia – Coloquio sobre “LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA EN LA POSGUERRA” que se celebrará el día 4 de Febrero a las 19:30 h en la Casa de la Cultura de Dénia.

Una charla retrospectiva y tan actual, de la emigración de muchos españoles en los años 50 hasta los 70, bajo la perspectiva y las vivencias de varios españoles de aquel entonces que tuvieron que emigrar por cuestiones económicas y políticas a la Europa que ofrecía más posibilidades y que pueden dar las claves de la actual inmigración.

Macroeconomic effects of Chinese mercantilism

For something I’m working on: we know that China is pursuing a mercantilist policy: keeping the renminbi weak through a combination of capital controls and intervention, leading to trade surpluses and capital exports in a country that might well be a natural capital importer. We also know, or should know, that this amounts to a beggar-thy-neighbor policy — or, more accurately, a beggar-everyone but yourself policy — when the world’s major economies are in a liquidity trap.

But how big is the impact? Here’s a quick back-of-the-envelope assessment.

Start with the Chinese surplus. It has been temporarily depressed by the world trade collapse, but seems to be on the rise again. Blanchard and Milesi-Ferretti, at the IMF but speaking for themselves, project a Chinese current account surplus for 2010-2014 of 0.9 percent of gross world product.

You can think of this as a negative shock to rest-of-world net exports. (Technically, that’s not quite correct — because the shock depresses res-of-world GDP and hence rest-of-world imports from China, the realized trade surplus is smaller than the shock. But that’s a small correction.)

In turn, this negative shock is like a negative shock to government purchases of goods and services. So it should have a similar multiplier. Multiplier estimates are all over the place, but tend to cluster around 1.5. So we’re looking at a negative impact on gross world product of around 1.4 percent. Not huge — China isn’t the principal obstacle to recovery — but significant.

And, if we think of the United States as bearing a proportionate share, and also use the rule of thumb that one point of GDP = 1 million jobs, we’re looking at 1.4 million U.S. jobs lost due to Chinese mercantilism.

Paul Krugman . The New York Times

La viabilidad de las pensiones

Debido a que la viabilidad de las pensiones se está cuestionando de nuevo, volvemos a publicar en este blog el artículo de Vicenç Navarro “Las pensiones son viables”. Publicado en la revista el VIEJO TOPO, Julio-Agosto 2009.

Graves errores metodológicos hechos por los economistas (y los medios de información y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones.

Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.

1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.

Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.

2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.

3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.

Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).

Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.

Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB

Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.

Lo que no se dice sobre Haití

Publicado en la revista digital SISTEMA, 29 de enero de 2010

Este artículo analiza las causas políticas de la pobreza (y miseria causada por el terremoto) en Haití, señalando que algunas de las fuerzas políticas que se presentan ahora como humanitarias fueron responsables de aquella pobreza y miseria.

La enorme tragedia de Haití donde, según los cálculos del propio gobierno de aquel país, pueden haber fallecido más de 150.000 personas, ha generado una enorme movilización a nivel mundial a fin de aportar ayuda humanitaria a la población de Haití. Las imágenes que, a diario, nos llegan de los medios son auténticamente desgarradoras y generan un deseo de hacer algo, rápido e inmediato, para aliviar el enorme dolor que ha caído sobre aquel país. Liderando aquella respuesta humanitaria está el gobierno de EEUU, cuyas fuerzas armadas están dirigiendo, coordinando y canalizando el proceso de ayuda -en nombre de las Naciones Unidas- los recursos enviados por gobiernos, instituciones internacionales, Organizaciones No Gubernamentales y otros organismos, a fin de asegurarse que alcanzan a los grupos con mayores necesidades. Como escribía la articulista de La Vanguardia, Pilar Rahola, en su artículo “Los buenos de Haití” (21/01/10), Estados Unidos (y añadía ella Israel) se han llevado la Palma de Oro en su atención y cuidado a la población damnificada en Haití. Con un tono de gran hostilidad hacia las izquierdas, que caracterizan sus artículos, tal articulista señalaba que sólo el “antiamericanismo” de las izquierdas en Europa explica la imposibilidad de reconocer que EEUU ha sido el bueno de la película en Haití.
Otros autores –como Bertrand de la Grange- son menos generosos en su valoración de EEUU, reconociendo que EEUU (y Francia) jugaron un papel negativo en el desarrollo político y económico del país, al oponerse a su independencia. Pero, habiendo reconocido esto, Bertrand de la Grange (ver “¿Reparar el pasado o construir el futuro?”. El País, 23.01.10) libera a EEUU de cualquier otra responsabilidad, atribuyendo el subdesarrollo tan acentuado de aquel país a las élites corruptas que lo han dirigido, sin nunca preguntarse, sin embargo, quién apoyó y puso a aquellas élites corruptas en el gobierno.

Considero estos puntos de vista bastante representativos de una opinión generalizada en los medios conservadores y liberales del país (que son la mayoría en España). De ahí que crea necesario responderles, añadiendo información que cuestiona tales interpretaciones, agradeciendo a la revista SISTEMA que me ofrezca la posibilidad de presentar una interpretación distinta y alternativa a la reproducida en la sabiduría convencional conservadora y liberal. Antes debo señalar que el intento de presentación de tal postura crítica y alternativa fue vetado en los forums donde tales articulistas expusieron sus posturas. Sólo Público publicó un resumen de mi crítica que expando ahora en este artículo (“Haití no es un desastre natural” Público, 28.01.10). Este veto es frecuente en las páginas de La Vanguardia que tiene una densidad elevada de colaboradores que insultan a las izquierdas, blindándoles de cualquier crítica, al no permitir a las voces de izquierdas responderles.
Pero comencemos por analizar que es el “antiamericanismo”, un término que se utiliza con gran frecuencia y frivolidad en España. En primer lugar, no debe confundirse gobierno federal de EE.UU. con la población de EE.UU. En muchas ocasiones, la mayoría de la población de EEUU está en desacuerdo con las políticas desarrolladas por el gobierno federal. Según tales autores, se debería concluir entonces que la mayoría de la población de EEUU es “antiamericana” lo cual es absurdo. El sistema político estadounidense es escasamente democrático. Su gobierno federal es muy sensible a los intereses empresariales, que han tenido una gran influencia en la determinación de la política exterior de EEUU., tal como muestra el comportamiento del gobierno federal en la parte del continente Americano al sur de Río Grande.
Este continente a lo largo del siglo XX ha tenido 56 golpes de estado en Bolivia, 36 en Paraguay, 31 en Perú, 24 en Panamá, 23 en Ecuador, 17 en Cuba, 16 en Haití (repito, 16 en Haití antes de 1995), 16 en República Dominicana, 12 en Venezuela, 10 en Brasil, 9 en Chile, 8 en Argentina y en Colombia, y 5 en Uruguay. Sin contar los 10 en las islas del Caribe, y las dictaduras nicaragüenses y dominicanas que gobernaron durante décadas sus países. Pues bien, un elevado número de estos golpes fueron apoyados por el gobierno federal de EE.UU. y sus aliados, incluyendo varios países europeos. Tales golpes tenían como objetivo defender a las élites dominantes de aquellos países que, aliados con compañías estadounidenses, canadienses y europeas – en su mayoría empresas transnacionales agrícolas o extractoras de minerales- dominaban la economía de aquellos países.
Esta lectura no es una lectura paranoica y conspiracional de las izquierdas, sino un retrato de aquella realidad. La persona que lo ha dicho de una manera clara y concisa es una persona que puede hablar con gran autoridad y conocimiento, el Comandante General Smedly Butler de la mayor fuerza expedicionaria de la Armada estadounidense, los famosos Marines, “Durante 33 años y cuatro meses trabajé en el servicio militar activo de EE.UU., y durante tal periodo pasé mi tiempo sirviendo a Wall Street (el centro financiero de EE.UU.) y al mundo de los grandes negocios. Permitan que lo ponga más claro. Era como el gangster del capitalismo. Hice que Méjico y muy en especial Tampico fuera un lugar seguro para las compañías de petróleo en 1914. Ayudé también a hacer de Haití y Cuba un lugar decente para que los chicos del Nacional City Bank, asegurándose que pudieran conseguir fondos que incrementaran sus beneficios. Fue con mi ayuda que pudimos someter y violar a media docena de países de Centro América a fin de beneficiar a Wall-Street. Ayudé a purificar Nicaragua de elementos peligrosos para la Internacional Banking House of Brown Brothers en 1902-1912. Facilité que la República Dominicana fuera un lugar preferente para los intereses de las compañías estadounidenses azucareras en 1916, y ayudé a hacer de Honduras el coto privado de las compañías estadounidenses fruteras en 1903. En China, aseguró en 1927 que los intereses de la Standard Oil no fueron molestados” (citado en “The Fighting Quaquer”, 1935). No podía haberse dicho más claro. Lo mismo ocurrió con los países europeos cuyos militares son menos transparentes en su expresión, y, por lo general, presentan su represión como “misión civilizadora”. Veamos ahora Haití.

LA RELACIÓN DE HAITÍ CON EEUU
Haití comenzó el siglo XX con una brutal ocupación por los Marines, que duró desde 1915 a 1934. Siguieron varias intervenciones militares, más tarde, del gobierno federal de EE.UU., que apoyó a los gobiernos más corruptos y represivos que hayan existido en América Latina, “Papa Doc” y “Baby Doc”, los cuales destruyeron aquel país en acto de expolio, que duró desde 1957 a 1986.
Más recientemente EE.UU. apoyó dos golpes de estado (en 1991 y 2004) en contra de un gobierno democráticamente elegido, presidido por Jean Bertrand Aristide, quien había sido elegido en 1990, con un programa de reformas profundas, antagonizando con ellas a las clases dominantes de Haití y a sus aliados en EE.UU., sumamente influyentes en el gobierno federal estadounidense. El golpe militar de 1991 fue oficialmente repudiado por la Administración Bush, aunque se vio más tarde que tal administración había proveído apoyo a los generales golpistas. La administración Clinton permitió la vuelta de Aristide con la condición de abandonar su programa de reformas, abandono al que Aristide se resistió creando un bloqueo económico que terminó con la expulsión de Aristide del gobierno. Cuando éste y su altamente popular partido se presentaron a las elecciones del 2000, éste ganó por gran mayoría, iniciándose de nuevo un bloqueo económico y oposición violenta por parte de la Administración Bush junior, que concluyó con el golpe de 2004, cuando Aristide fue expulsado del país.
Ninguno de estos hechos se dan a conocer al público en los mayores medios de difusión. Pero la campaña de las élites gobernantes en Haití, y del gobierno de EE.UU. y sus aliados europeos es extraordinariamente predecible. Y los medios forman parte de esta estrategia, demonizando a Aristide y ocultando la enorme opresiva situación que aquellas fuerzas conservadoras y liberales están sosteniendo, presentándose ahora como los grandes benefactores, o como dice Rahola, “los buenos de la película”.

Haiti needs our help

Una de les més grans operacions d’ajuda de la història podria ser molt similar a la realitzada després del tsunami de 2004, llevat que el model de reconstrucció adoptat sigui radicalment diferent. Haití ha quedat en part destruït a conseqüència d’un violent terratrèmol de magnitud 7.Tothom Somica i els mitjans de comunicació, oferint imatges apocalíptiques, repeteixen els anuncis d’ajuda financera que els generosos Estats aportaran.

Escoltem que cal reconstruir Haití, aquest país abatut per la pobresa i «l’ infortuni». Els comentaris no van més enllà del terrible cataclisme. Ens recorden precipitadament que és un dels països més pobres del planeta però sense explicar les causes d’aquesta pobresa. Ens deixen creure que aquesta pobresa es va abatre sobre Haití perquè sí, que és un fet irremeiable: «És la desgràcia que els colpeja.»

És indiscutible que aquesta nova catàstrofe natural ha causat danys materials i humans tan enormes com imprevistos. Un ajut d’urgència és per tant necessària i tothom està d’acord amb això. No obstant això, la pobresa i la misèria d’Haití no provenen d’aquest terrible terratrèmol. Cal reconstruir el país perquè aquest ja havia estat desposseït dels mitjans per a construir-se. Haití no és un país lliure ni tan sols sobirà. Durant els darrers anys, la política interior és realitzada per un govern que està constantment sota la pressió de les ordres arribades de l’exterior i de les maniobres dels grups de poder locals.

Haití ha estat tradicionalment denigrat i sovint descrit com un país violent, pobre i repressiu en el millor dels casos. Gairebé no hi ha comentaris que ens recordin la independència conquerida el 1804 després d’una cruenta lluita contra les tropes franceses de Napoleó. En lloc de subratllar la gestió humanitària i el combat pels Drets Humans, seran el salvatgisme i la violència les característiques assignades als haitians. Eduardo Galeano parla de la «maledicció blanca»: «A la frontera on acaba la República Dominicana i comença Haití, hi ha un gran cartell que adverteix: El mal pas. A l’altre costat hi ha l’infern negre. Sang i fam, misèria, pestes. [1] »

És indispensable recordar la lluita d’emancipació duta a terme pel poble haitià, perquè en represàlia a aquesta doble revolució, alhora antiesclavista i anticolonial, el país va heretar «el rescat francès de la independència», corresponent a 150 milions de francs or ( és a dir, el pressupost anual de França en aquella època). El 1825, França va decidir que «els habitants actuals de la part francesa de Sant Domingo pagaran a la caixa federal de dipòsits i consignes de França, en cinc terminis iguals, any rere any, el primer expirant el 31 de desembre de 1825, la suma de cent cinquanta milions de francs, destinada a indemnitzar els antics colons que van reclamar una indemnització. [2] »

Això equivaldria a prop de 21.000 milions de dòlars actuals. Des del començament, Haití ha de pagar un alt preu, el deute seria l’instrument neocolonial per facilitar l’accés als múltiples recursos naturals d’aquest país.

El pagament d’aquest rescat va ser per tant un element fundador de l’Estat haitià. En termes jurídics, això significa que va ser contret per un règim despòtic i utilitzat contra l’interès de la població. França i després Estats Units, la zona d’influència es va ampliant a Haití des de 1915, són totalment responsables. Mentre que hauria estat possible enfrontar-se a les doloroses responsabilitats del passat en 2004, la comissió Régis Debray [3] va preferir descartar la idea d’una restitució d’aquesta suma, amb el pretext que no tenia «fonament jurídic» i que això podria obrir la «caixa de Pandora».

Les demandes del govern haitià vigent van ser rebutjades per França: no ha lloc a reparacions. França no va reconèixer tampoc el seu paper en el ignominiós regal que va fer el dictador “Baby Doc” Duvalier en el seu exili, oferint-li l’estatut de refugiat polític i la immunitat.

El regne dels Duvalier va començar amb l’ajuda dels Estats Units el 1957 i va durar fins al 1986, data en què el fill, «Baby Doc», va ser enderrocat per una revolta popular. La violenta dictadura, àmpliament recolzada pels països occidentals, va regnar durant prop de 30 anys. Va estar marcada per un creixement exponencial del deute. Entre 1957 i 1986, el deute extern es va multiplicar per 17,5. En el moment de la fugida de Duvalier, representava 750 milions de dòlars. Posteriorment, va augmentar, amb els interessos i penalitats a més de 1.884 milions de dòlars.

Aquest deute, lluny de servir a la població, que va seguir empobrint, estava destinada a enriquir al règim. Per tant és un deute odiós. Una investigació recent va demostrar que la fortuna personal de la família Duvalier (ben resguardada en comptes de bancs occidentals) representava uns 900 milions de dòlars, és a dir, una suma més gran que el deute total del país en el moment de la fugida de «Baby Doc ».

Hi ha un procés en curs davant la justícia suïssa per a la restitució a l’Estat haitià d’havers i béns mal adquirits durant la dictadura dels Duvalier. Aquests havers estan de moment congelats pel banc suís UBS, [4] que imposa unes condicions intolerables pel que fa a la restitució d’aquests fons. Jean Baptiste Aristide, inicialment elegit amb un gran entusiasme popular, va ser posteriorment acusat de corrupció i deposat.

A costa de convertir-se en un titella dels Estats Units va ser restablert en el poder, només per ser finalment capturat i expulsat per les tropes d’aquest país. Aristide, malauradament, tampoc va ser innmune a la tragica malversació de fons i l’endeutament establerts pels Duvalier. D’altra banda, segons el Banc Mundial, entre 1995 i 2001, el servei del deute, és a dir els interessos més l’amortització de capital, va arribar el considerable suma de 321 milions de dòlars.

Tota l’ajuda financera anunciada en aquest moment a causa del terratrèmol ja està compromesa en el pagament del deute

Segons les últimes estimacions, més del 80% del deute extern d’Haití està en propietat del Banc Mundial i del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), cada un amb un 40%. Sota la seva fèrula, el govern aplica els «plans d’ajustament estructural», maquillats com «Documents Estratègics per a la Reducció de la Pobresa» (DSRP). A canvi del recomença dels préstecs, se li va concedir a Haití algunes anul.lacions o alleujaments del deute, insignificants però que donen una imatge de bona voluntat dels creditors.

La Iniciativa Països Pobres Molt Endeutats (PPME), en la qual Haití va ser admès és una maniobra típica de blanqueig del deute odiós, com fou el cas amb la República Democràtica del Congo. Així es reemplaça el deute odiós per nous préstecs, que se suposen legítims. El CADTM considera aquests nous préstecs com a part del deute odiós, ja que serveixen per pagar aquesta antiga deute. Existeix, per tant, una continuïtat del delicte.

El 2006, quan el FMI, el Banc Mundial i el Club de París acceptar que Haití entrés en la iniciativa PPME, l’estoc del deute extern pública total era de 1.337 milions de dòlars. En el punt de culminació de la iniciativa (el juny de 2009), el deute era de 1.884 milions de dòlars. Es va decidir una anul • lació del deute d’una suma de 1.200 milions de dòlars perquè «aquesta fos sostenible». Mentrestant, els plans d’ajustament estructural arrasaven el país, especialment en el sector agrícola, els efectes van culminar amb la crisi alimentària de 2008.

L’agricultura camperola haitiana va patir el dumping dels productes agrícoles nord-americans.«Les polítiques macroeconòmiques recolzades per Washington, l’ONU, el FMI i el Banc Mundial no es preocupen en absolut de la necessitat de desenvolupament i de la protecció del mercat nacional. L’única preocupació d’aquestes polítiques és la producció a baix cost per a l’exportació cap al mercat mundial ». Per tant, és escandalós sentir que FMI digui que «està llest per exercir la seva funció amb el suport apropiat en els dominis de la seva competència».

Com s’expressa en el recent crida internacional, «Haití ens crida a la solidaritat i al respecte de la sobirania popular»: «Al llarg dels darrers anys i juntament amb moltes organitzacions haitianes, hem denunciat l’ocupació militar per part de les tropes de l’ONU i els impactes de la dominació imposada per mitjà del deute, el lliure comerç, el saqueig de la seva naturalesa i la invasió d’interessos transnacionals. La condició de vulnerabilitat del país a les tragèdies naturals-provocada en gran mesura per la devastació del medi ambient, per la inexistència d’infraestructura bàsica, per l’afebliment de la capacitat d’acció de l’estat-no està desconnectada d’aquestes accions, que atempten històricament contra la sobirania del poble.

«És moment de que els governs que formen part de la MINUSTAH, les Nacions Unides i especialment França i els Estats Units, els governs germans d’Amèrica Llatina, revean aquestes polítiques a contramano de les necessitats bàsiques de la població haitiana. Exigim a aquests governs i organitzacions internacionals substituir l’ocupació militar per una veritable missió de solidaritat, així com la urgent lació de la il • legítima deute que fins al dia d’avui es cobra a Haití. “

Independentment de la qüestió del deute, es tem que l’ajut prengui la mateixa manera que la que va acompanyar el tsunami que va devastar, a finals de desembre de 2004, diversos països d’Àsia (Sri Lanka, Indonèsia, Índia i Bangladesh), o fins i tot l’ajuda després del cicló Jeanne a Haití el 2004. Les promeses no es van complir i una gran part dels fons van servir per enriquir a les companyies estrangeres oa les cúpules locals. Aquestes “generoses donacions» provenen majoritàriament dels creditors del país.

En lloc de fer donacions, seria preferible que laran els deutes que té Haití amb ells: totalment, sense condicions i immediatament. Podem realment parlar de donacions quan sabem que la major part d’aquests diners servirà per al pagament del deute extern o per al desenvolupament de «projectes de desenvolupament nacional», decidits d’acord amb els interessos d’aquests mateixos creditors i de les oligarquies locals ?

És evident que sense aquestes donacions immediates seria impossible demanar el reemborsament d’un deute la meitat, si més no, correspon a un deute odiós. Les grans conferències internacionals de qualsevol G8 o G20, ampliat a les IFIS, no faran avançar en res el desenvolupament d’Haití sinó que reconstruiran els instruments que els serveixen per establir sòlidament el control neocolonial del país. Tractaran de garantir la continuïtat en el reemborsament del deute, base de la submissió, igual que en recents iniciatives d’alleugeriment del deute.

Per contra, perquè Haití pugui construir dignament, la sobirania nacional és el repte fonamental. Una anul • lació total i incondicional del deute reclamada a Haití ha de ser el primer pas d’una política més general. Un nou model de desenvolupament alternatiu a les polítiques de les IFIs i als acords de partenariat econòmic (APE signat el desembre de 2008, Acord Hope II, etc.) És necessari i urgent. Els països més industrialitzats que sistemàticament explotar Haití, començant per França i els Estats Units, han de pagar reparacions amb un fons de finançament per a la reconstrucció controlada per les organitzacions populars haitianes.

Éric Toussaint